Un millar de inmigrantes ilegales se rebela en Canarias contra los campamentos del Gobierno

Desde el estancamiento de la llegada de inmigrantes ilegales por mar a Canarias el problema ahora es la gestión de los miles que allí quedan, que se resisten a abandonar los hoteles donde el Estado les ha alojado durante meses. Cientos de estos inmigrantes se han manifestado después de varios días protagonizando incidentes incluyendo expulsiones de algunos centros gestionados por Cruz Roja por no cumplir las normas de convivencia. Cuando cerca de 1.000 inmigrantes ilegales se lanzan a la calle para protagonizar una manifestación en defensa de sus derechos hay que mirar inmediatamente a quienes han diseñado el plan de acogida que desde hace meses ha sumido a Canarias en una crisis migratoria solamente equiparable a la conocida como ‘crisis de los cayucos’ de 2006, año en el que llegaron 31.000 inmigrantes ilegales a Canarias. Esta última crisis iguala ya esa cifra, pero hay un matiz fundamental: la gestión.

Es cierto que la pandemia conllevó el cierre internacional de fronteras con lo que los procesos de expulsión o devolución de los inmigrantes se complicaron y mucho. Marruecos, una vez más, no permitía el regreso de inmigrantes ilegales a su país ni tampoco facilitaba la identificación de los que llegaban a Canarias. Sólo el país vecino sabe qué controles impuso para evitar la salida masiva sufrida desde marzo por mar hasta Canarias, pero a la luz de las cifras no debieron ser ni muchas ni muy eficaces.

Ante esta situación Francia decidió taponar literalmente sus pasos con España, lo que suponía que Europa tampoco pudo recibir a las personas que llegaban a Canarias de camino a algún país europeo.

Interior y Migraciones

Con un tapón humanitario descomunal el Gobierno de España, a través del Ministerio de Migraciones e Interior, puso en marcha un plan maestro: al margen de los inmigrantes ilegales necesitados de asilo, la cartera de Fernando Grande-Marlaska levantó la mano y permitió la llegada masiva de miles de ellos en vuelos regulares a la Península y de la José Luis Escrivá pagó hoteles y levantó campamentos para alojar a aquellos que no salían de las Islas.

Ahora aquella situación es diferente. Las estadísticas oficiales reflejan que en dos meses y pico son aproximadamente 2.300 los inmigrantes llegados a Canarias de manera ilegal, un frenazo en seco de llegadas que ha hecho que el Gobierno trate de normalizar la situación en Canarias. Lo que se han encontrado, al menos en Tenerife, ha sido una manifestación de cerca de un millar de inmigrantes ilegales reclamando lo que consideran sus derechos. Esto ocurre días después de que varios centros isleños, lo que allí se llaman “recursos de alojamiento” hayan tenido que expulsar a decenas de inmigrantes de sus instalaciones por mal comportamiento. La semana pasada más de 60 inmigrantes pasaron varias jornadas durmiendo al raso tras ser expulsados por Cruz Roja de uno de esos centros. Tampoco está siendo fácil desalojar los hoteles pagados por el Ministerio de Migraciones y ya han sido varios los incidentes a los que han tenido que acudir las fuerzas del orden a requerimiento de los propios educadores que en ocasiones han sido agredidos al explicar a los inmigrantes alojados que debían ser reinstalados en un campamento.

En la manifestación celebrada en Tenerife y que ha terminado en el Ayuntamiento de La Laguna, han participado inmigrantes ilegales internados en los centros de Las Raíces y Las Canteras y entre otras demandas han exigido poder viajar libremente a la Península, pero no por sus propios medios, sino trasladados por el Gobierno.

Y esta es otra circunstancia que ha cambiado en Canarias en las últimas semanas. Los inmigrantes que tienen documentación pero que carecen de medios para volar hasta la Península se están empezando a deshacer de sus papeles para evitar ser identificados y así ser devueltos a sus países de origen ahora que éstos están permitiendo pequeñas devoluciones de sus nacionales. Antes de regresar prefieren quedarse en la calle e indocumentados. Fuentes policiales explican a OKDIARIO que cuando eso sucede, lo normal es acudir al consulado o embajada del país al que el inmigrante ilegal dice pertenecer. Incluso si él no lo dice y los agentes de Extranjería tienen sospechas pueden pedir a la oficina diplomática en cuestión colaboración para identificarlo y proceder a su devolución. En las últimas semanas estos agentes están encontrando todo lo contrario a actitud colaborativa para estos trámites.

Así que las manifestaciones de inmigrantes ilegales que se celebran en Canarias estos días no están exentas de lógica. Siempre es más complicado hacer entender a las personas llegadas de forma ilegal que el acogimiento que les prestas llega a su fin.